INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

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Gracias a Dios Todopoderoso, a mi Madre Felipa García, a mi Familia y a estos Institutos por mi Formación Académica.

martes, 12 de febrero de 2019

UNA DÉCADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL






El concepto de justicia social surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. Destaquemos que, en una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases sociales más desfavorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo. 




En tal sentido, la justicia social implica el compromiso del Estado para compensar las desigualdades que surgen en el mercado y en otros mecanismos propios de la sociedad, por lo cual las autoridades deben propiciar las condiciones para que toda la sociedad pueda desarrollarse en términos económicos. Esto quiere decir, en otras palabras, que no deberían existir unos pocos multimillonarios y una gran masa de pobres.










El día de la justicia social fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas según la Resolución 62/10 del 26 de noviembre de 2007, decidiendo que se celebraría el 20 de febrero de cada año a partir del 2009, hace 10 años. 




En este día se pretende concienciar a la comunidad internacional para conseguir la erradicación de la pobreza basándose en el pleno empleo digno, sobre todo de acuerdo a su formación, y en condiciones favorables para la persona, sin colocarles a los trabajadores sueldos de hambre en jornadas de trabajo de esclavos, fomentando entre otros aspectos la igualdad entre sexos.






El término fue utilizado por Luigi Taparelli en su "Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos" del año 1843. 




Los temas que en realidad interesan a la justicia social se encuentran la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el Estado de bienestar, el tema de la pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, etc. 




Por tanto, no hay justicia social cuando se le otorga a un ciudadano un derecho constitucional presionándolo políticamente, por medio de mecanismos excluyentes (como inscripciones), para adquirir una vivienda, una pensión o un trabajo con retribuciones que no le permita subsistir, ni mucho menos el comprar una bolsa de comida que no le abastezca ni una semana y se la vendan cada tres meses, lo cual es inconcebible en un país tan rico en donde los gobernantes no son dueños de nada, solo deben gerenciar las riquezas que Dios nos dio a todos los ciudadanos nacidos en este país y no solo a un cogollo oligárquico.







Lectura al Día








Publicado en el Yaracuy al Día el Martes 12 de Febrero de 2019. Página 2.

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